El próximo miércoles 23 de febrero a las 5 PM se da inicio a un nuevo seminario social organizado por “TJER” (Taller de “J”ormación estudiantil Raíces), denominado: Las violencias en Colombia: un homenaje a Eduardo Umaña Luna. El seminario tendrá lugar en el auditorio El Sabio Caldas de la Universidad Distrital, ubicado en la Carrera 8 No 40-62 Con este seminario el colectivo abre nuevamente un espacio democrático y pedagógico en el que el debate y el análisis crítico son los protagonistas. El seminario es una muestra del compromiso y la persistencia de un grupo de personas que, a pesar de los señalamientos y la persecución por parte del Estado y el paraestado, defiende el derecho a la educación popular y al pensamiento libertario. Entre los seminarios organizados por Tjer se destacan: Michel Foucault: el sujeto del poder, Freire: pedagogía de la liberación, Hegel: 200 años de la fenomenología del espíritu, Marx Vive, entre muchos otros.
El seminario sobre Las violencias en Colombia será también el espacio para expresar solidaridad con William Javier Díaz Ramírez, uno de los fundadores del Colectivo Tjer e integrante del plan Kaziyadu, quien el 14 de noviembre del 2008 fue detenido por agentes policiales cuando se encontraba en el colegio Saludcoop, del barrio Patio Bonito, localidad de Kennedy, donde se desempeña como docente de ciencias sociales. A William Javier se le sindica de terrorismo, y con el a otras 7 personas cuyos nombres hacen parte de una lista de visitantes al Caguán cuando allí se desarrollaban los diálogos de paz entre las Farc y el gobierno de Andrés Pastrana. El expediente de la investigación es el No 656356 y había sido cerrado en el 2004 por carecer de argumentos.
Es claro que lo que busca el gobierno de Uribe Vélez con este tipo de acusaciones es acallar la libertad de expresión y el pensamiento libertario. Como bien dijo Javier en una entrevista: “la derecha le tiene miedo al debate, la derecha impone su pensamiento por otros medios”.Igualmente, con estos hechos se busca criminalizar a aquellos que defienden la Universidad Pública y la labor crítica y transformadora de la misma; en Tjer “Propugnamos por la creación de un nuevo modelo educativo y eso no está en los cánones de la educación burguesa, porque tal y como allí está no es más que la reproducción del sistema dominante”. Javier Díaz.
La persecución de los pensadores de izquierda se está llevando a cabo bien sea por los señalamientos y la vinculación de ellos con grupos insurgentes y/ o por medio de las amenazas de los grupos paramilitares que nunca han dejado de actuar.
Javier Díaz mantiene sus ideales firmes hoy más que nunca pues considera como Paulo Freire que:"NO PUEDO SER PROFESOR SI… no percibo cada vez mejor que mi práctica, al no poder ser neutra, exige de mi una definición. Una toma de posición. Ruptura(…) Soy profesor a favor de la decencia contra la falta de pudor, a favor de la libertad contra el autoritarismo, de la autoridad contra el libertinaje, de la democracia contra la dictadura… Soy profesor contra el orden capitalista vigente, que inventó esta aberración, la miseria en la abundancia (…) si no lucho por las condiciones materiales necesarias sin las cuales, mi cuerpo, descuidado, corre el riesgo de debilitarse y de ya no ser el testimonio que debe ser de luchador pertinaz, que se cansa pero no desiste”
viernes, 27 de febrero de 2009
ACCION POPULAR POR EL SAN JUAN DE TODOS
El pasado 20 de febrero representantes de ILSA (Instituto Latinoamericano de Servicios Jurídicos Alternativos), Salud al Derecho, Asopacientes, así como de otras organizaciones, instauraron una acción popular en defensa del Centro Hospitalario San Juan de Dios y en contra de su inminente liquidación.
Los accionantes busca que se haga efectivo el fallo del Consejo de Estado del 8 de marzo de 2005 según el cual la Fundación San Juan de Dios, creada por la presidencia de la República en 1976, nunca tuvo existencia legal ni legítima por lo que el Centro Hospitalario debería ser considerado como lo que fue antes de las disposiciones de Julio César Turbay, un bien público de carácter nacional.
En el 2006 la administración distrital, la gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de la Protección Social, en cabeza de Luis Eduardo Garzón, Pablo Ardila y Diego Palacio, suscribieron un acuerdo marco que decreto la liquidación de la Fundación San Juan de Dios reavivando así una figura ilegítima con lo que, en palabras del doctor Jorge Arango, miembro de Asopacientes, se pretende realizar una liquidación legal de una fundación ilegal, todo ello con el objeto de entregarle el patrimonio de los colombianos a los mercaderes de la salud.
La acción popular, respaldada por más de 12mil firmas, pide a su vez que se respete la ley 735 que declaró al Hospital monumento histórico y patrimonio cultural y científico de la nación. No se trata solamente de proteger la infraestructura sino de reconocer y promover los aportes científicos y médicos que se obtuvieron cuando el San Juan era un hospital universitario al servicio de los más vulnerables.
A partir de 1994 con la implantación de la ley 100 el San Juan, compuesto por el Instituto Inmunológico, el Materno-Infantil y el Centro Hospitalario, comenzó a decaer ya que no pretendía vender servicios sino atender a los colombianos bajo el criterio del derecho a la salud.
Por el abandono, deterioro, saqueo y violación de los derechos de pacientes y trabajadores deberán responder el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y todas aquellas instituciones que según la ley 735 tienen la obligación de garantizar la protección y cuidado del Centro Hospitalario pero que, por acción u omisión, han malversado los bienes del hospital, entre ellos la Hacienda el Salitre donada al San Juan por José Joaquín Vargas y dentro de cuyos predios se encuentran la Embajada Estadounidense y el diario El Espectador.
Con respecto a la situación de los trabajadores el doctor Arango sostiene que la Corte Constitucional desconoció la Convención Colectiva con vigencia hasta el año 2016, actuando además como patrono, juez laboral y trabajador y recayendo así en una extralimitación de funciones. En consecuencia las tutelas y fallos que desconocen la convención no sólo están vulnerando los derechos de los trabajadores del San Juan, sino de todos aquellos trabajadores que en Colombia asumen convenciones colectivas
Los accionantes busca que se haga efectivo el fallo del Consejo de Estado del 8 de marzo de 2005 según el cual la Fundación San Juan de Dios, creada por la presidencia de la República en 1976, nunca tuvo existencia legal ni legítima por lo que el Centro Hospitalario debería ser considerado como lo que fue antes de las disposiciones de Julio César Turbay, un bien público de carácter nacional.
En el 2006 la administración distrital, la gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de la Protección Social, en cabeza de Luis Eduardo Garzón, Pablo Ardila y Diego Palacio, suscribieron un acuerdo marco que decreto la liquidación de la Fundación San Juan de Dios reavivando así una figura ilegítima con lo que, en palabras del doctor Jorge Arango, miembro de Asopacientes, se pretende realizar una liquidación legal de una fundación ilegal, todo ello con el objeto de entregarle el patrimonio de los colombianos a los mercaderes de la salud.
La acción popular, respaldada por más de 12mil firmas, pide a su vez que se respete la ley 735 que declaró al Hospital monumento histórico y patrimonio cultural y científico de la nación. No se trata solamente de proteger la infraestructura sino de reconocer y promover los aportes científicos y médicos que se obtuvieron cuando el San Juan era un hospital universitario al servicio de los más vulnerables.
A partir de 1994 con la implantación de la ley 100 el San Juan, compuesto por el Instituto Inmunológico, el Materno-Infantil y el Centro Hospitalario, comenzó a decaer ya que no pretendía vender servicios sino atender a los colombianos bajo el criterio del derecho a la salud.
Por el abandono, deterioro, saqueo y violación de los derechos de pacientes y trabajadores deberán responder el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y todas aquellas instituciones que según la ley 735 tienen la obligación de garantizar la protección y cuidado del Centro Hospitalario pero que, por acción u omisión, han malversado los bienes del hospital, entre ellos la Hacienda el Salitre donada al San Juan por José Joaquín Vargas y dentro de cuyos predios se encuentran la Embajada Estadounidense y el diario El Espectador.
Con respecto a la situación de los trabajadores el doctor Arango sostiene que la Corte Constitucional desconoció la Convención Colectiva con vigencia hasta el año 2016, actuando además como patrono, juez laboral y trabajador y recayendo así en una extralimitación de funciones. En consecuencia las tutelas y fallos que desconocen la convención no sólo están vulnerando los derechos de los trabajadores del San Juan, sino de todos aquellos trabajadores que en Colombia asumen convenciones colectivas
jueves, 12 de febrero de 2009
Ley 1259 criminaliza a recicladores
En el mes de noviembre de 1990 después del 1º encuentro nacional de recicladores este gremio decidió organizarse en
La señora María del Carmen Sandoval tesorera de
Problemáticas más sentidas
María Sandoval: Por la situación de dificultad para acceder al material y por la vulneración a nuestros derechos.
¿Cuáles son las problemáticas mas sentidas de la comunidad que vive del reciclaje?
MS: En este momento las problemáticas más sentidas son la falta de educación ya que la mayoría de los recicladores no tenemos un alto nivel educativo y ganamos menos de un salario mínimo mensual que apenas alcanza para mantener a nuestras familias.
Gobierno actual
¿El gobierno actual ha hecho algo para mejorar las condiciones de vida de esta comunidad?
MS: No, ya que ha tratado de acabar con nuestra actividad sacando leyes y decretos que impiden nuestro trabajo. Estas leyes van dirigidas de manera exclusiva a acabar el trabajo de los recicladores de oficio y demás agentes de la cadena.
Por ejemplo la empresa RESIDUOS ECOEFICIENCIA LTDA recién constituida de quien es propietario Thomas Uribe hijo del presidente, a desplazado a un gran numero de asociaciones, cooperativas, y fundaciones que dependemos de esta labor y no podemos competir con
LEY 1259
Explíquenos más a fondo la ley 1259 de 2008 y por qué los afecta
MS: El 19 de diciembre de 2008 se decreto la ley 1259 también llamada ley de comparendos ambientales, que se cree es para toda la población colombiana, mas sin embargo es una fachada ya que detrás de esta ley golpea ampliamente a la comunidad recicladora. Esta ley en el capitulo ll articulo 6 numerales 6, 14 y 15 establecen que no podemos destapar y extraer sin autorización el contenido de la bolsas, no se puede trasladar el material en nuestros vehículos y tampoco nos permiten clasificar, comercializar y transformar los residuos con nuestros medios puesto que las sanciones son de dos salarios mínimos para persona independiente y veinte salario mínimos vigentes para personas jurídicas-organizaciones. En últimas cárrcel.
¿Que han hecho ustedes para proteger sus derechos?
MS: Lo hemos hecho por medio de las asociaciones Asociación Nacional de Recicladores (ANR) y Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB) que agrupa a una gran parte de esta comunidad por medio de tutelas y protestas.
¿Por qué marcharán el 1º de marzo?
MS: Este día se decretó día nacional del reciclador y del reciclaje gracias a las luchas que hemos tenido que enfrentar, incluyendo el asesinato de nuestros 11 compañeros que fueron encontrados en la facultad de medicina en la universidad libre de Barranquilla en el año 1992.
Se marchara para conmemorar este día y también como rechazo a las leyes que afectan y golpean nuestra forma de trabajo.
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