El pasado 20 de febrero representantes de ILSA (Instituto Latinoamericano de Servicios Jurídicos Alternativos), Salud al Derecho, Asopacientes, así como de otras organizaciones, instauraron una acción popular en defensa del Centro Hospitalario San Juan de Dios y en contra de su inminente liquidación.
Los accionantes busca que se haga efectivo el fallo del Consejo de Estado del 8 de marzo de 2005 según el cual la Fundación San Juan de Dios, creada por la presidencia de la República en 1976, nunca tuvo existencia legal ni legítima por lo que el Centro Hospitalario debería ser considerado como lo que fue antes de las disposiciones de Julio César Turbay, un bien público de carácter nacional.
En el 2006 la administración distrital, la gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de la Protección Social, en cabeza de Luis Eduardo Garzón, Pablo Ardila y Diego Palacio, suscribieron un acuerdo marco que decreto la liquidación de la Fundación San Juan de Dios reavivando así una figura ilegítima con lo que, en palabras del doctor Jorge Arango, miembro de Asopacientes, se pretende realizar una liquidación legal de una fundación ilegal, todo ello con el objeto de entregarle el patrimonio de los colombianos a los mercaderes de la salud.
La acción popular, respaldada por más de 12mil firmas, pide a su vez que se respete la ley 735 que declaró al Hospital monumento histórico y patrimonio cultural y científico de la nación. No se trata solamente de proteger la infraestructura sino de reconocer y promover los aportes científicos y médicos que se obtuvieron cuando el San Juan era un hospital universitario al servicio de los más vulnerables.
A partir de 1994 con la implantación de la ley 100 el San Juan, compuesto por el Instituto Inmunológico, el Materno-Infantil y el Centro Hospitalario, comenzó a decaer ya que no pretendía vender servicios sino atender a los colombianos bajo el criterio del derecho a la salud.
Por el abandono, deterioro, saqueo y violación de los derechos de pacientes y trabajadores deberán responder el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y todas aquellas instituciones que según la ley 735 tienen la obligación de garantizar la protección y cuidado del Centro Hospitalario pero que, por acción u omisión, han malversado los bienes del hospital, entre ellos la Hacienda el Salitre donada al San Juan por José Joaquín Vargas y dentro de cuyos predios se encuentran la Embajada Estadounidense y el diario El Espectador.
Con respecto a la situación de los trabajadores el doctor Arango sostiene que la Corte Constitucional desconoció la Convención Colectiva con vigencia hasta el año 2016, actuando además como patrono, juez laboral y trabajador y recayendo así en una extralimitación de funciones. En consecuencia las tutelas y fallos que desconocen la convención no sólo están vulnerando los derechos de los trabajadores del San Juan, sino de todos aquellos trabajadores que en Colombia asumen convenciones colectivas
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